Las instituciones políticas y los entes públicos, principalmente, vienen siendo objeto de gran número de críticas en su gestión debido al elevadísimo nivel de corrupción que los medios de comunicación han puesto en conocimiento de la opinión pública. Las encuestas reflejan que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y que la falta de confianza en los gestores de lo público es prácticamente uniforme.
Ésta ha sido una de las principales motivaciones que ha provocado la redacción y aprobación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como de las correspondientes Leyes dictadas por cada Comunidad Autonómica.
Este Referencial tiene como propósito principal la certificación de la Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información de todo tipo de organizaciones, en especial las Entidades Locales como Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, etc.
La organización recibe asesoramiento constante sobre posibles mejoras y adaptaciones a las continuas actualizaciones que en esta materia permanentemente se van produciendo.
Las Administraciones necesitan de un sistema de certificación solvente y riguroso que les otorgue la confianza de saber que están haciendo lo correcto en materia de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información, así como indicarles en qué aspectos incurren en faltas, debilidades o no conformidades que pueden o deben implantarse o subsanarse.
Aquella Administración que lo considerase como un valor añadido podría incorporar la certificación como un requisito exigible o un criterio puntuable en las licitaciones públicas para las empresas concursantes.
Puede incorporarse como prueba del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Responsabilidad Social Corporativa del organismo público o privado.
Adicionalmente, esta certificación contribuirá a una mejor gestión de la organización, ya sea pública o privada, mejorará la relación entre Administración y particulares e incrementará la confianza de la ciudadanía en los órganos de gobierno locales.
Finalmente, permite comunicar ante la opinión pública, el compromiso con la cultura de la Transparencia en la gestión de fondos públicos y/o privados.
El importe de la certificación depende de una serie de factores:
- Población.
- Sociedades Municipales.
- Unidades Administrativas.
- La Certificación evalúa el grado de implantación de medidas de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información, identificando una serie de parámetros asociados a las buenas prácticas en esta materia (memorias, auditorías, evaluaciones,…).
- El resultado de la Certificación podrá situar a la entidad en diferentes niveles: Entidad Transparente Básica, Entidad Transparente Notable, Entidad Transparente Sobresaliente y Entidad Transparente Excelente.
Principalmente, cualquier tipo de entidad pública.